Un crimen ecológico es un delito contra el medio ambiente que, lógicamente, ha de estar contemplado como tal en la legislación para poder aplicársele el término de forma específica.

Por un lado, el término alude a la protección del medio ambiente por considerarse un bien común que debe ser preservado, así como al deber que todos y cada uno de nosotros tenemos de cuidarlo. Una noción de la que bebió el derecho anglosajón y el europeo desde la década de los setenta, que contrasta con un enfoque del delito como infracción pura y dura, sin más. En este caso, se considería un delito que conllevaría una sanción.

Cada normativa, es decir, en cada jurisdicción se considera crimen ecológico uno u otro tipo de acciones, si bien las áreas implicadas suelen ser similares. Por ejemplo, según un informe gubernamental estadounidense de 2000, se considera una actividad criminal al delito ecológico que se relaciona con cuestiones como la polución por desechos tóxicos, el comercio ilegal de especies protegidas, la pesca ilegal, la tala indiscrimada de bosques o el comercio clandestino de minerales preciosos y de materiales que dañen la capa de ozono.

Atentar contra los recursos

Otros campos relacionados con el delito ecológico pueden ser las acciones delictivas cometidas contra la sobreexplotación de recursos naturales, la destrucción de entornos necesarios para la supervivencia de especies en peligro de extinción o, por ejemplo, los incendios forestales.


En general, la protección jurídica del medio ambiente tiene un reconocimiento internacional. En España se reconoce en la Carta Magna, concretamente en el artículo 45, titulado “Promover el progreso de la cultura para asegurar a todos una digna calidad de vida”. En él se señala como uno de los principios rectores de la política social y económica la defensa y restauración del medio ambiente, estableciendo el mandato constitucional de la utilización de medidas penales para garantizarla.