España es un desastre medioambiental, al menos, respecto a los criterios europeos. Si sus dos principales ciudades, Madrid y Barcelona, han sido multadas por exceso de contaminación (mientras sus respectivos políticos siguen de brazos cruzados), ahora es el Gobierno nacional el que ha sido expedientado debido a su pésima política energética, que no apoya las renovables. De hecho, pone trabas a la producción de energía solar.

A nadie puede extrañar la decisión de la Comisión Europea después de que el Gobierno español decidiera cobrar la generación de electricidad a partir del Sol. En realidad, España ni siquiera ha comunicado a Bruselas las medidas que va a llevar a cabo lograr el objetivo que tiene la Unión Europea de generar un 20% de la electricidad con renovables para 2020 y tratar así de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Italia también ha sido expedientada. Se ha cumplido, pues, el tópico: los países del sur de Europa son los irresponsables, los que no cumplen lo prometido. Y no se puede decir que la Unión Europea no haya sido paciente: esta comunicación sobre la política energética tenía que haber sido transmitida el 5 de diciembre de 2010. Han esperado hasta ahora.



El cambio regulatorio aprobado para acabar con el déficit de tarifa (sobre todo, el impuesto a la energía solar de autoconsumo) han sido la gota que ha colmado el vaso. El comisario de Energía, Günther Oettinger, ha pedido que la reforma energética no hiciera peligrar las renovables.

Expedientes y tribunales

Ahora, tanto Italia como España, tienen dos meses para corregir la situación antes de que la Comisión Europea lleve el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso concreto de España, el Gobierno comunitario ha abierto un expediente informativo por la reforma energética que recoge una tasa a la generación eléctrica del 7% de manera indiscriminada a cualquier tipo de energía. Dicha tasa puede ser contraria al Derecho de la Unión Europea.